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Representantes de las empresas Mobil, Puma, Repsol-YPF, Shell y Texaco, que comercializan combustibles en este país, explicaron que buscan agotar el diálogo con las autoridades antes de adoptar otras decisiones, incluso demandas judiciales internacionales.
El argentino Juan Zackman, gerente de la empresa Puma-Comdecsa, de Argentina, dijo que ``el estado no cumple con el acuerdo de libre mercado, con estándares internacionales de entrega de combustibles y con libertad de márgenes de utilidad'', como constan en los acuerdos suscritos en la década de los 90.
Según dijo en conferencia de prensa, el estado sigue fijando los precios y los márgenes de utilidad, contrariando los acuerdos suscritos.
Afirmó que tras diversas reuniones con las autoridades no se han logrado progresos para superar las diferencias.
La gerente de la norteamericana Texaco, Gretchen Hanson, estimó que en 1999 la operación de las cinco empresas dejó ``pérdidas cercanas a los 100 millones de dólares''.
Los costos internacionales de los combustibles se encuentran alrededor de un dólar por cada galón, pero en este país el galón de gasolina al público está en 0,5 dólares, como producto del subsidio estatal.
Estas empresas compran combustibles a la estatal Petroecuador a un precio por debajo del costo de producción internacional y deben venderlo a un precio fijado por el gobierno con márgenes de utilidad mínimos y predeterminados por las autoridades, expresó.
``Tenemos un margen de 6 centavos de dólar de los cuales cuatro son para los distribuidores (estaciones de servicio) y dos para nosotros, lo que no llega al punto de equilibrio'', dijo Hanson.
``Pedimos a las autoridades soluciones, entendemos que es un problema altamente sensible pero las autoridades no pueden seguir trasladando un parte del subsidio estatal a la empresa privada'', explicó Zackman.
El presidente Gustavo Noboa dijo esta semana que los precios de los combustibles ``no se revisarán hasta junio'', de acuerdo con el compromiso del gobierno del presidente Jamil Mahuad, derrocado el 21 de enero, con los sectores sociales.
Añadió que una posible revisión de los precios tiene que ir a la par con una revisión salarial, aún no determinada.
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