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La postura del PSC, uno de pilares políticos de la dolarización de la economía ecuatoriana, obstaculizaría el avance en la aprobación de las enmiendas acordadas por el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El director del PSC, Pascual del Cioppo, declaró a la prensa local que no es necesario ampliar el plazo, ya que los banqueros tienen la obligación de invertir recursos propios en el proceso de dolarización de la economía ecuatoriana.
"Creemos que ese (un año) es el tiempo en el que banca debe recapitalizarse, porque si aumentamos el plazo estaremos permitiendo que la banca no cumpla con las exigencias de sacar ese dinero de sus bolsillos y no del Ecuador", afirmó del Cioppo.
Este martes, el presidente Gustavo Noboa envió al Congreso una serie de reformas para dolarizar la economía aprobadas en semanas previas, una de las cuales consiste en ampliar de uno a tres años el plazo para que se recapitalicen aquellos bancos que enfrentaren dificultades financieras en el futuro.
La enmienda acoge una de las exigencias del FMI para aprobar el programa económico de Noboa y dar paso a una línea de crédito, lo que también abriría las puertas para créditos de otras entidades multilaterales, que suman dos mil 45 millones de dólares.
Del Cioppo añadió que quien "asume el reto de ser banquero, debe estar consciente de que hay épocas malas y buenas y, por lo tanto, debe tener las reservas para usarlo en las épocas malas".
El PSC, junto con Democracia Popular del ex presidente Jamil Mahuad, constituyen el núcleo de las agrupaciones de la mayoría centroderechista que da curso a las reformas legales que envía el presidente Noboa para dolarizar la economía.
Con relación a las facultades extraordinarias que se le daría a la estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para cobrar deudas a los bancos quebrados, Del Cioppo consideró diferenciar entre los deudores que pueden pagar y aquellos imposibilitados para hacerlo.
El otorgar facultades extraordinarias a la AGD para cobrar las deudas de los bancos bajo su administración es otra de las exigencias del FMI.
El Congreso tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre las enmiendas enviadas por Noboa, aunque algunos analistas anotan que ese plazo se reduce, en realidad, a 10 días, puesto aquellas deberán estar listas antes de que se reúna el directorio del FMI, el 24 de marzo.
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