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El nuevo esquema monetario que rige desde el lunes fue promocionado por la administración del presidente Gustavo Noboa como la receta para acabar con la crisis más profunda que atraviesa el país andino en años.
Pero tres de cada cuatro ecuatorianos se oponen a la dolarización porque creen que su delicada situación económica no mejorará con el nuevo esquema, de acuerdo a encuestas privadas. Muchos de ellos incluso creen que va a empeorar.
``En una transición monetaria tiene que haber énfasis en los aspectos sociales'', dijo el analista económico Diego Borja. ''Si no hay ese correlato se van a generar condiciones para que aquellos sectores radicalmente en contra de la medida puedan oponerse y generar un nuevo momento de crisis social y política''.
Ecuador, una pequeña nación andina del tamaño de Italia con 12,4 millones de habitantes, intenta salir de una crisis que ha generado en lo que va del año una inflación acumulada del 25,8 por ciento y catapultó la tasa de pobreza a 62,5 por ciento.
Actualmente los trabajadores ecuatorianos ganan un salario mensual promedio de 79 dólares, en un país en el que el sueldo mínimo se ubica en 24 dólares y el índice de desempleo trepa a 18,6 por ciento.
``Estamos ante una situación de casi colapso del Estado en cuanto a su política de atención a la niñez, inversión en educación, en salud, etc. Ahí está la principal deuda del gobierno'', comentó el analista político César Montúfar.
La primera protesta social contra la dolarización tuvo lugar el miércoles, cuando un grupo de sindicatos, maestros y universitarios manifestaron su oposición frente al Banco Central.
Pero la mayor movilización se espera para el próximo martes, cuando la principal central sindical del país, la Coordinadora de Movimientos Sociales, pretende paralizar al país con una huelga y una multitudinaria marcha, que será apoyada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), el principal movimiento indígena del país.
En enero la Conaie, junto a un grupo de militares, derrocó al antecesor del presidente Noboa, Jamil Mahuad, por no haber podido resolver la crisis económica. En una reciente entrevista con Reuters, el líder del movimiento indígena, Salvador Quishpe, dijo que de ser necesario encabezarían un nuevo derrocamiento.
``El movimiento indígena junto con la Coordinadora pueden convertirse en agente de desestabilización, si a eso se suma el descontento que puede generar las subidas de los servicios públicos'' que planea adoptar el gobierno, sostuvo Montúfar.
El analista político Felipe Burbano de Lara coincidió con el diagnóstico: ``En el reajuste de los precios de los combustibles y algunos servicios estatales, ahí tiene el problema social y político más difícil de enfrentar el gobierno. Puede convertirse potencialmente en un factor de movilización y protesta'', dijo.
Todos los especialistas coincidieron en que la administración de Noboa debe elaborar una política social e implementar aumentos salariales a mediano y largo plazo para contrarrestar los efectos de la dolarización, mientras el billete verde se cotiza en 25.000 sucres, la depreciada moneda nacional.
Pero la crisis no sólo provocó estragos puertas adentro, sino que también complicó la situación del país a nivel internacional. Hasta el momento, la debacle económica provocó una moratoria de la deuda externa de más de 13.000 millones de dólares, sobre un total de 16.098 millones, una situación complicada desde que el Producto Interno Bruto sólo suma 14.500 millones.
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