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Gobierno ecuatoriano pide amnistía para militares

El 21 de enero, mandos medios del ejército junto a miles de indígenas tomaron el parlamento y proclamaron una ``Junta de Salvación Nacional'', en medio de una de las mayores crisis económicas de este país andino de 12,4 millones de habitantes.

Aunque el entonces presidente Mahuad se vio obligado a abandonar su cargo, el levantamiento no prosperó, y al día siguiente fue proclamado como presidente Noboa, un abogado de 62 años que asumió el poder con el respaldo de la cúpula militar.

``La amnistía de los militares y civiles servirá para fomentar la tranquilidad y la paz en el país. Contribuirá a crear en el país un nuevo clima espiritual, una visión de futuro'', dijo Noboa en una carta enviada al parlamento.

``No fue un golpe armado y resultó incruento; sus principales actores fueron cientos de indios inermes, algunos otros elementos civiles y un conjunto de oficiales militares de diferente graduación que no utilizaron armas'', añadió.

Actualmente, hay 117 militares detenidos por la revuelta, mientras que varios civiles enfrentan juicios por la misma causa.

El artículo 130 de la Constitución ecuatoriana establece que el Congreso tiene la potestad de conceder amnistías generales por delitos políticos e indultos por delitos comunes con el voto favorable de las dos terceras partes del parlamento.

El pedido del presidente se concretó dos días después de que las esposas de los militares detenidos le solicitaran personalmente la libertad de sus maridos.

Diversas organizaciones sociales también habían reclamado la amnistía general, finalmente requerida por Noboa.

La solicitud presidencial ahora debe ser evaluada por la Comisión en lo Civil y Penal del Congreso.

``Hemos recibido con muchísima tranquilidad esa decisión del presidente. Sabemos que tiene que seguirse el proceso en el Congreso nacional y estaremos viendo cuál es el resultado'', dijo a Reuters desde la cárcel el coronel Lucio Gutiérrez, líder militar del levantamiento.

``Para que se dé la reconciliación nacional, para coadyuvar a bajar las tensiones, sería conveniente que los diputados se pronuncien por la amnistía, que ha sido pedida por la mayoría del pueblo ecuatoriano'', agregó.

De acuerdo con encuestas privadas, gran parte de los ecuatorianos cree que los militares detenidos deben ser puestos en libertad.

Uno de los civiles que enfrenta juicio por los hechos de enero es Antonio Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, grupo que lideró el levantamiento.

``No (sentimos) alegría ni estamos conformes. Esa (amnistía) tenían que darla al inicio, porque el día 21 fue un acto cívico, y por eso nosotros no estamos alegres. Los coroneles tienen que estar libres'', declaró Vargas a Reuters.

``Si hablamos de una consolidación nacional del pueblo ecuatoriano, tienen que comenzar con este primer paso'', concluyó.

Por su parte, el diputado José Cordero, presidente de la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso, dijo que la solicitud presentada por el presidente tiene que ser analizada con mucha responsabilidad, para decidir si es procedente.

``En estos momentos, no puede afirmarse si es viable. Es una resolución que debe tomarla el congreso nacional aplicando la Constitución y viendo si estamos dentro de las causales para la amnistía política'', precisó Cordero.