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El presidente Gustavo Noboa pidió al Congreso hace casi un mes que conceda la amnistía para 113 militares, desde coroneles hasta cabos, que apoyaron las protestas indígenas que condujeron a la caída de Mahuad, el 21 de enero pasado.
El Congreso unicameral, en el que el gobierno tiene minoría, fue convocado para mañana para iniciar el debate sobre la solicitud de Noboa, que asumió el gobierno en reemplazo de Mahuad, de quien era vicepresidente.
``Si el Congreso no acepta la amnistía, el pueblo tendrá que ir a sacar a los coroneles (de sus sitios de arrestos), o el presidente Gustavo Noboa tendrá que ir a acompañarlos'', afirmó a la televisión la dirigente Blanca Chancoso, de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígena.
El presidente del Congreso, Juan José Pons, en declaraciones a la prensa, precisó que si el Congreso se guía únicamente por el análisis jurídico ``la amnistía no va ... porque en enero un grupo de sediciosos civiles y militares pretendieron y casi lo logran, romper el orden constitucional''.
Explicó que la decisión debe ser considerada básicamente bajo un análisis político, a fin de ``darle una oportunidad al pedido del presidente'', lo que evitaría un deterioro de la imagen de las fuerzas armadas y un problema para la seguridad del estado.
``La patria entrega las armas a sus soldados porque sabe que jamás serán utilizadas para irse en contra del ordenamiento jurídico del país'', dijo el ex ministro de Defensa, general retirado José Gallardo.
En declaraciones a canal 8 de televisión, expresó que los oficiales que aparecieron como los líderes de la revuelta, ``no pueden regresar a las Fuerzas Armadas porque sería un precedente terrible''.
Sin embargo, dijo que los oficiales de menor graduación, que solamente cumplieron órdenes, deben ser reintegrados a las filas.
Los militares sublevados son procesados por tribunales castrenses que los juzgan por delitos que van desde la sublevación hasta faltas a sus deberes, sin que haya un plazo determinado para que se emita un fallo.
El dirigente indígena Salvador Quishpe, en declaraciones a la televisión, dijo que ``estamos pidiendo la libertad inmediata de los coroneles, que se oiga bien, la libertad''.
La ex vicepresidenta Rosalía Arteaga afirmó que ``el Congreso debería hacer caso al pedido del Presidente (Noboa) ... porque la amnistía, en el caso de los coroneles, podría contribuir a calmar los ánimos, al retorno de la tranquilidad al país y a la gobernabilidad''.
Arteaga fue vicepresidenta en el gobierno de Abdalá Bucaram, quien fue destituido por el Congreso por incapacidad para gobernar y reemplazado por Fabián Alarcón hasta que Mahuad fue electo por votación popular.
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