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Tres millones de estudiantes permanecían sin clases, mientras los profesores fiscales realizaban asambleas y marchas a nivel nacional.
Maestros, padres y estudiantes de colegios rurales obstaculizaron algunas carreteras en el país, las cuales fueron posteriormente despejadas por el ejército y la policía sin que se registraran acciones violentas.
``Si por defender la educación laica, fiscal y gratuita, y por defender salarios justos, nos enjuician, pues que lo hagan. Bienvenido sea'' dijo a periodistas Aracely Moreno, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
El martes, el gobierno amenazó a la dirigencia de los maestros estatales con iniciar acciones legales contra ellos si se mantenía la medida de hecho.
Por su parte, más de 20.000 trabajadores de la salud (de hospitales estatales) se mantenían paralizados, sólo atendiendo casos de emergencia, mientras servidores públicos de varias dependencias provinciales continuaban una huelga de brazos caídos.
En la capital de la república, mientras el palacio de gobierno permanecía bajo resguardo, el comercio, el transporte y otras actividades funcionaban prácticamente en forma normal. En tanto, según informes policiales, se vivía una situación similar en el resto del país.
La protesta fue convocada por el Frente Popular, que agrupa a sindicatos y otros sectores y rechaza las medidas económicas que prepara el gobierno de Gustavo Noboa.
El Frente Popular amenazó con realizar una paralización nacional el día 24 de mayo, que contaría con el apoyo de todos los sectores sociales.
Ecuador enfrenta una de las peores crisis de su historia, que en 1999 registró una inflación de 60,7 por ciento y una recesión de 7,5. El índice de pobreza supera el 62 por ciento, y el desempleo llega a más de 18 por ciento.
En medio de la crisis, el gobierno de Ecuador dolarizó su economía -desde el 1 de abril- contando con el apoyo del FMI, con el cual firmó un acuerdo para que el país reciba un paquete de préstamos por más de 2.000 millones de dólares.
En contrapartida, Ecuador se comprometió a mantener el déficit fiscal en 4,0 por ciento del Producto Interno Bruto, así como lograr un crecimiento económico de 0,9 por ciento para fines de este año.
Para cumplir esas metas, Noboa anunció la privatización de varias empresas públicas, así como el retiro de subsidios a la energía -una medida que comenzaría en julio- lo que ha despertado el rechazo de muchas organizaciones sociales.
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