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El Congreso ecuatoriano aprobó el miércoles una amnistía para más de un centenar de civiles y militares que estuvieron involucrados en la caída de Mahuad, lo cual anuló cualquier posibilidad de un proceso penal civil.
Un total de 18 oficiales, desde coroneles a capitanes, que eran mantenidos bajo detención, recuperaron ayer su libertad. Otros 95 militares eran también investigados por tribunales militares para determinar sus responsabilidades en la asonada.
El 21 de enero unos 5.000 indígenas que realizaban protestas callejeras en Quito recibieron el apoyo de un grupo de militares, con quienes se apoderaron de los edificios del Congreso y del Palacio de Gobierno en una jornada que causó la caída de Mahuad, quien estaba en el poder desde el 10 de agosto de 1998.
En reemplazo de Mahuad quedó su vicepresidente Gustavo Noboa para completar un período de gobierno que termina en enero del 2003.
Noboa dijo sentirse ``muy satisfecho'' por la resolución del Congreso, por considerar que permitirá ``una reconciliación nacional'', pero aclaró que las posibles sanciones militares a los involucrados están en manos de las fuerzas armadas.
Los términos de la amnistía determinaron expresiones de inconformidad de los militares beneficiados y del poderoso sector indígena, que demandaban una amnistía total, en tanto el ex presidente León Febres Cordero (1984-1988), se manifestaba en favor de sanciones más severas.
``Quien siembra vientos cosecha tempestades ... el antecedente es terrible, ya no queda escala de valores en este país'', afirmó Febres Cordero, quien superó dos intentonas golpistas en 1986 y 1987.
Los militares favorecidos con la amnistía expresaron quejas porque la amnistía no es completa y deja abierta la posibilidad de las sanciones bajo el código castrense.
El coronel Lucio Gutiérrez, líder de los militares insurrectos, aseguró que ``la amnistía significa borrar un hecho, un acontecimiento histórico. Si el cuerpo del delito desaparece, no habrá elementos de juicio para que nos puedan sancionar''.
``Ellos tienen que seguir en las fuerzas armadas ... No han cometido ningún delito'', dijo Ximena Bohórquez, esposa de Gutiérrez al comentar el futuro de los militares implicados en el derrocamiento de Mahuad.
El presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, Antonio Vargas, abogó por una amnistía absoluta, que abarque los aspectos civiles y militares.
``En una amnistía total, los coroneles no deben ser sancionados ... ante cualquier cosa que pueda pasar (sanciones a los militares) queremos decir que el pueblo está vigilando'', advirtió Vargas.
El ministro de Defensa, almirante retirado Hugo Unda, dijo que la amnistía decretada por el Congreso ``es un mal precedente'', aunque aclaró que era necesaria por el bienestar del país.
``Amnistía, la palabra de moda en los corrillos políticos es también, la justa caracterización del Ecuador actual, un país de memoria frágil, olvidadizo y amnésico hasta la médula'', dijo el analista político Hernán Ramos en su columna del diario El Comercio.
El diario Hoy, en su editorial titulado ``Amnistía un teatro del absurdo'' recuerda que el Congreso ``la institución más vilipendiada el día del golpe, y los diputados, lo más agraviados en esa ocasión'' fueron los que decidieron conceder la amnistía ``una trama sorprendente, propia del teatro del absurdo''.
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