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MOVIMIENTO SOCIAL VUELVE A DESPLEGARSE CONTRA DOLARIZACION EN ECUADOR

"Creemos que ese no será el caso", aseguró el secretario gubernamental de Prensa, Alfredo Negrete, en alusión al riesgo de estallidos sociales, y agregó que el régimen del presidente Gustavo Noboa adoptará las "medidas de precaución del caso".

Organizaciones urbanas, sindicatos, estudiantes, campesinos e indígenas iniciarán este jueves dos días de movilizaciones en todo el país para rechazar la política económica de Noboa, caracterizada por la dolarización y ajustes de precios de bienes y servicios públicos.

Las protestas ocurren luego de cinco semanas de paro de maestros de enseñanza pública y trabajadores de la salud, que exigen aumentos salariales, y del inicio el miércoles de una suspensión de labores por 72 horas de unos 30 mil médicos a nivel nacional.

Durante la semana también se han producido protestas de las federaciones de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), así como de campesinos afiliados a la seguridad social.

La movilización de este jueves y viernes es impulsada por la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), el Frente Patriótico (FP), la Fenocin, la Feine y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), entre las principales organizaciones sociales de Ecuador.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una de las más influyentes del país, dejó en manos de sus bases la iniciativa de participar en las jornadas del jueves y el viernes, según informó su dirigente Eduardo Remache.

"Se reservan las bases el espacio para decidir cómo y cuándo hacen las cosas y nosotros canalizamos eso", declaró Salvador Quishpe, otro de los dirigentes de la organización, tras la asamblea de la Conaie el martes en la localidad andina de Riobamba.

Las protestas, enfocadas a exigir cambios en la política económica, ocurren luego que el gobierno decretó alzas de precios de combustibles y electricidad e incrementos en salarios y prestaciones sociales, que los inconformes consideran insatisfactorios.

A pesar de que el gobierno asegura que la dolarización permitirá controlar la inflación, las medidas de ajuste impuestas por el gobierno precipitaron un nuevo incremento de los precios de bienes y servicios y el indicador ha acumulado 56.8 por ciento en este año.

Ante las movilizaciones de los grupos sociales e indígenas, la fuerza pública y los militares se encuentran en alerta, ante el anuncio de los manifestantes de que bloquearán carreteras y caminos.

El secretario Negrete dijo que el gobierno no minimiza las protestas, y que confía en que no desembocarán en hechos violentos porque ha optado por respetarlas "siempre que se enmarquen en el orden y no afecten los derechos ciudadanos y los bienes públicos".

El funcionario estimó sin embargo que el paro "tiene poco fundamento y causa", a diferencia de ocasiones anteriores en las que la acumulación de circunstancias o el deterioro de la sociedad alentó las protestas y su transformación en verdaderos estallidos sociales.

La jornada de protesta ocurre a cinco meses de la insurrección cívico-militar que depuso al gobierno de Jamil Mahuad, iniciador del proceso de dolarización de la economía, que ha continuado bajo el mandato de su sucesor Noboa.

De acuerdo con un sondeo de la empresa Datanálisis, un 49 por ciento de los encuestados consideró que la dolarización le ofrece pocas expectativas de mejoramiento de su situación económica en el corto plazo.

El 34 por ciento de los encuestados por Datanálisis sostuvo que su situación será peor que la actual, mientras un 17 por ciento consideró que mejorará su condición económica, aunque un 55 por ciento de los encuestados dijo estar de acuerdo con el proceso.

La popularidad del presidente Noboa se redujo también en cinco puntos porcentuales en mayo pasado, para situarse en 31 por ciento a comienzos de junio, según Datanálisis.

Para organizar el rechazo a la dolarización, economistas, empresarios y líderes de movimientos sociales han organizado un Foro Alternativo de Ecuador, que pretende presentar opciones ante el proceso, que consideran abortado.

El Foro plantea devolver al Banco Central del Ecuador su facultad de emisor de moneda y rector de la política monetaria, establecer una paridad cambiaria de un sucre por un dólar y limitar la emisión monetaria a la misma tasa de crecimiento de la economía.

Para el Foro es necesario además incentivar la generación de empleo y mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios, renegociar la carta de intención acordada con el FMI, y buscar condiciones para renegociar la deuda externa.

Uno de los únicos frentes en que el gobierno ha logrado desactivar el descontento es la amnistía para los militares y civiles implicados en la insurrección de enero, que llevó a una división entre los oficiales implicados.

Diez oficiales de rango superior de los 21 amnistiados por el Congreso ecuatoriano, entre ellos las figuras más conocidas como los coroneles Lucio Gutiérrez y Fausto Cobo, aceptaron esta semana su eventual pase a retiro para contribuir a la tranquilidad del país.

Pese a la amnistía, el alto mando, con el argumento de que los oficiales sancionados perdieron la confianza de la institución, dispuso medidas para el pase a retiro de los oficiales, algunos de los cuales apelarán la medida.