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``Hasta que se produzca la decisión jurídica del Tribunal Constitucional, el Gobierno Nacional no reconocerá como válida ninguna resolución adoptada por el Congreso'', dijo la presidencia en un comunicado.
El anuncio ocurrió en momentos en que los dos grupos parlamentarios analizan paralelamente proyectos de reformas económicas presentados por el ejecutivo para permitir la participación privada en los sectores estatales eléctrico y petrolero, entre otros.
El paquete de propuestas reformas fue presentado el 13 de julio con carácter de urgente, por lo que el Congreso, unicameral, tiene hasta el 13 de agosto para sancionarlo antes de que entre en vigencia según establece la Constitución.
Discrepancias por la elección del titular del Congreso determinaron que los legisladores comenzaran a analizar las propuestas en dos grupos rivales por separado.
El Tribunal Constitucional inició el estudio de esta disputa, y por ley deberá emitir su fallo en un plazo de entre 7 y 30 días.
Según analistas, el conflicto parlamentario amenaza desestabilizar el sistema democrático ecuatoriano si no se logra una solución al entredicho.
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