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Indígenas de Ecuador ratifican levantamiento popular

La protesta busca anular la dolarización, prohibir la privatización de empresas estatales, no pagar una deuda externa pública de más de 14.074 millones de dólares, expulsar a los militares estadounidenses de la base aérea de la ciudad de Manta.

``No creemos que haya posibilidades para un diálogo serio, frontal, para ir tocando temas de fondo con el gobierno. Mientras impone la ley de privatizaciones, llama a un diálogo. Eso es incoherente'', dijo a Reuters el vicepresidente de la Conaie, Ricardo Ulcuango.

``Entre los diferentes grupos sociales se está iniciando una especie de calentamiento de las acciones. Cada uno está llevando diferentes iniciativas para unificar una acción de todos los sectores sociales organizados, ese gran levantamiento que se plantea'',

El dirigente indígena enfatizó que ``todo el pueblo es el que tendrá que decidir qué es lo que va a llevar adelante. Las movilizaciones van a seguir, y ojalá hasta conseguir los objetivos que plantea el pueblo''.

El gobierno del presidente Gustavo Noboa dijo que permitirá las protestas, pero reprimirá las acciones que atenten contra la libertad del trabajo.

Un sondeo de la firma privada Cedatos señaló que 72 por ciento de la población desaprueba la huelga, frente a un apoyo de 23 por ciento de los encuestados.

El sondeo, realizado entre 1.082 personas en las principales ciudades de este país de 12,4 millones de habitantes, tuvo un margen de error de 12,3 por ciento.

La anunciada radicalización de las protestas surge después que el gobierno implementó una ley que legaliza la venta de 51 por ciento de 18 empresas de distribución y generación de electricidad y permite la incursión del sector privado en la actividad petrolera estatal mediante asociaciones.

La ley entró en vigor sin que fuera sancionada por el Congreso --que atravesaba entonces por una pugna interna-- y enfrentó la oposición de indígenas, sindicalistas, ecologistas y activistas de derechos humanos.

El gobierno advirtió que reprimirá cualquier alteración del orden durante la protesta, que amenaza con dejar a las principales ciudades del país desabastecidas de víveres y derivados de crudo.

Las autoridades no descartaron la declaratoria de un estado de emergencia, que permitiría al ejército tomar el control de instalaciones petroleras, carreteras y sectores estratégicos.

El 21 de enero, miles de indígenas acompañados de casi 300 militares insubordinados se tomaron el Congreso proclamando una ''Junta de Salvación Nacional'', que llegó al palacio presidencial a constituir un ``Gobierno del Pueblo''.

Para cuando terminó la revuelta, el 22 de enero, el entonces vicepresidente Noboa había asumido el poder, los militares rebeldes fueron apresados y los indígenas regresaron a sus tierras con un mal sabor en sus bocas.

``La movilización camina y va a ser más dura que en enero. No le tenemos miedo a nadie'', aseguró el presidente de la Conaie, Antonio Vargas.

Ecuador enfrenta una crisis que en 1999 registró los más altos índices de recesión, pobreza, inflación y devaluación de la región. REUTERS MN MDS/